La investigación por la filtración de secretos oficiales presuntamente cometida por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha dado de bruces con un muro tecnológico: pese a los esfuerzos del juez instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ni WhatsApp ni Google han podido recuperar uno solo de los mensajes previamente borrados por Ortiz.
La diligencia más esperada de esta instrucción concluye sin aportar prueba digital alguna, dejando al descubierto la extrema eficacia con la que García Ortiz eliminó toda información potencialmente incriminatoria.
El contexto: una filtración que sacudió la cúpula judicial
La causa judicial investiga la presunta revelación de secretos vinculada a la difusión de la confesión escrita de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El documento, parte de un proceso judicial por delitos fiscales, fue filtrado a la prensa en marzo de 2024, lo que originó un notable escándalo político y judicial.
En el centro de la polémica quedaron Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez (fiscal provincial de Madrid), ambos señalados como posibles responsables de la filtración.
Ante la gravedad de los hechos, el juez Hurtado ordenó un registro en el despacho del fiscal general en octubre de 2024. Allí se incautaron de sus teléfonos móviles, pero para sorpresa de los investigadores, estos estaban prácticamente vacíos. Ni correos relevantes ni mensajes recientes. Todo había sido eliminado.
La UCO: “No hay información inédita de interés”
El informe de la UCO entregado al magistrado es contundente:
«No se han podido recuperar los mensajes vinculados a la cuenta que pudiesen ser de interés para la investigación […] no existe ninguna información inédita de interés para la investigación».
En uno de los teléfonos intervenidos, ni siquiera se encontró asociada una cuenta de WhatsApp activa. Y en cuanto al otro, todos los mensajes antiguos habían sido eliminados meticulosamente de la cuenta. No se pudo recuperar ni una sola conversación vinculada a los hechos investigados.
La investigación se completó con comisiones rogatorias internacionales. Desde Irlanda, sede europea de WhatsApp, y Estados Unidos, donde se almacenan muchos de los datos de Google, se solicitaron los historiales de mensajes y correos del fiscal general. Pero fue un esfuerzo estéril.
Por su parte, Google solo entregó un correo electrónico, fechado la misma noche de la filtración, pero era uno que ya constaba en el sumario. En él, García Ortiz solicitaba recabar toda la información disponible, una actuación que sus abogados consideran parte de su trabajo institucional y no prueba de filtración. Más allá de eso, ni rastro de actividad electrónica.
¿Precaución o encubrimiento?
El fiscal general se ha defendido argumentando que su eliminación sistemática de mensajes responde a protocolos de seguridad y protección de datos. De acuerdo con esta versión, el borrado periódico es una práctica preventiva, no un intento de ocultación.
Sin embargo, la coincidencia temporal entre la apertura de la investigación y el cambio/borrado de teléfonos ha suscitado serias dudas al juez instructor.
De hecho, la diligencia de recuperación de datos era una de las últimas esperanzas del juez Hurtado para encontrar pruebas directas. La imposibilidad de acceder a los mensajes elimina de facto una línea clave de investigación: comprobar si desde el entorno del fiscal general se compartió de forma irregular la confesión de González Amador con terceros, incluidos medios de comunicación.
Casi cien resoluciones y una causa que se tambalea
La investigación ha generado ya cerca de un centenar de resoluciones judiciales. El juez ha interrogado a una decena de testigos, incluidos fiscales, periodistas y el propio Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. A pesar de la magnitud del proceso, las pruebas materiales escasean. Ni siquiera los mensajes de la fiscal Pilar Rodríguez, cuya actividad fue revisada exhaustivamente, aportaron indicios concluyentes.
A estas alturas, solo queda pendiente una última declaración: la del empresario Alberto González Amador, prevista para mayo. El testimonio del novio de Ayuso podría aclarar si la confesión fue compartida con más personas que las reconocidas en su denuncia. Pero incluso esa testifical difícilmente podría suplir la ausencia de pruebas tecnológicas.
Un ‘crimen perfecto’ digital
El caso ha despertado un inusitado debate sobre la capacidad de las autoridades para acceder a información digital eliminada. Aparentemente, las compañías tecnológicas no siempre almacenan copias de seguridad o metadatos que permitan reconstruir historiales borrados.
Eso no es lo mismo que decir que no permanece almacenado ni un solo dato del usuario, pero si éste es exhaustivo en la eliminación de rastros, la información relevante puede desaparecer sin dejar huella.
¿Camino al archivo?
Tras este varapalo, el instructor se encuentra ante un dilema: continuar el proceso sin evidencias claras o proceder al archivo. La defensa de García Ortiz ya ha solicitado el cierre del caso. Argumenta que no existen pruebas, ni materiales ni testimoniales, que demuestren que el fiscal general filtró información a la prensa.
Todo apunta a que el futuro del caso dependerá del testimonio de González Amador y de la interpretación judicial de los indicios indirectos. Pero una cosa parece clara: los mensajes han desaparecido. Y ni Google, ni WhatsApp, ni los mejores peritos digitales de la Guardia Civil han podido rescatarlos.
Imagen | Marcos Merino mediante IA
En Xataka | Soy perito informático y estos son algunos de los casos más surrealistas en los que he trabajado
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La noticia
El fiscal general borró correctamente todos sus mensajes sin dejar rastro: ni WhatsApp ni Google han podido recuperarlos
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Marcos Merino
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